La creación por parte del Estado de recursos sanitarios suficientes para la detección temprana, la asistencia domiciliaria, el tratamiento ambulatorio y el internamiento en los casos más graves de enfermedad mental.
Hacer efectiva de una vez por todas la transferencia a las Comunidades Autónomas de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, prevista en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
La coordinación entre instituciones de la red sanitaria, de justicia y penitenciaria, de manera que antes, durante y después de la entrada del enfermo en prisión este sea tratado realmente como un enfermo y no como un ciudadano plenamente imputable, y que ello suponga una continuidad en el tratamiento que necesita.
Una reforma legislativa integral que recoja todo lo anterior, teniendo en cuenta la opinión de los colectivos que trabajan día a día con personas que padecen un trastorno mental grave.
Facilitar una formación específica a jueces, fiscales, abogados y profesionales penitenciarios en el conocimiento de la enfermedad mental, y una concienciación sobre el único objetivo prioritario: evitar la entrada en prisión del enfermo y conseguir que tenga acceso a una asistencia sanitaria y social de calidad.
os invitamos a leer el artículo completo en: www.jurista de prisiones.com
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada